Jurisprudencia

Cabecera: Consignacion de renta. Pago de la renta. Cumplimiento del contrato
Jurisdicción: Civil
Origen: Audiencia Provincial de Lleida
Fecha: 08/02/2019
Tipo resolución: Sentencia Sección: Segunda
Número Sentencia: 70/2019 Número Recurso: 111/2018
Numroj: SAP L 67/2019
Ecli: ES:APL:2019:67
Voces sustantivas: Consignación, Aplicación de las normas, Ejercicio de acciones, Prueba del pago, Renta, Transferencia bancaria, Falta de pago, Pago en efectivo, Pago en metálico, Probatio diabolica
Voces procesales: Costas procesales, Hechos extintivos, Prueba, Recurso de apelación, Avales, Carga de la prueba, Contestación a la demanda, Derecho de defensa, Desahucio por falta de pago, Disponibilidad y facilidad probatoria, Oralidad, Prueba documental, Principio de inmediación, Prueba de las obligaciones, Sentencia absolutoria

ENCABEZAMIENTO:


Sección nº 02 de la Audiencia Provincial de Lleida. Civil
Calle Canyeret, 1 - Lleida - C.P.: 25007
TEL.: 973705820
FAX: 973700281
EMAIL:aps2.lleida@xij.gencat.cat
N.I.G.: 2504042120178053326
Recurso de apelación 111/2018 -A
Materia: Procedimiento Ordinario
Órgano de origen:Sección Civil. Juzgado de Primera Instáncia e Instrucción nº 3 de Balaguer
(UPSD)
Procedimiento de origen:Juicio verbal (Desahucio por falta de pago art. 250.1.1) 228/2017
Parte recurrente/Solicitante: Justo
Procurador/a: MERCE ARNO MARIN
Abogado/a: D. EMILIO MAYOR RIVERA
Parte recurrida: Lucio , Concepción
Procurador/a: Silvia Berge Arroniz, Mªjosé Echauz Gimenez
Abogado/a: MARTA VILAPRIÑÓ MERINO, BLANCA DE RUBINAT PARELLADA
SENTENCIA Nº 70/2019
Presidente:
Ilmo. Sr. Albert Guilanyà i Foix
Magistrados/das :
Ilmo. Sr. Albert Montell Garcia
Ilma. Sra. Mª Carmen Bernat Álvarez
Lleida, 8 de febrero de 2019

ANTECEDENTES DE HECHO:


PRIMERO .- En fecha 16 de febrero de 2018 se recibieronlos autos de Juicio verbal (Desahucio por falta de pago art. 250.1.1) núm. 228/2017 remitidos por el Juzgado de Primera Instáncia e Instrucción nº 3 de Balaguer (UPSD) a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora MERCE ARNO MARIN, en nombre y representación de Justo contra la Sentencia de fecha 28/12/2017 y en el que consta como parte apelada la Procuradora Mª José Echauz Giménez, en nombre y representación de Lucio i Concepción.
SEGUNDO .- El contenido del fallo de la Sentencia contra la que se ha interpuesto el recurso es el siguiente: "SE ACUERDA DESESTIMAR INTEGRAMENTE la demanda formulada por la Procuradora Sra. Arno Marín en nombre y representación de D. Justo , frente a D. Lucio y Dª. Concepción.
Las costas causadas en este procedimiento serán abonadas por D. Justo . [...]"

TERCERO.- El recurso se admitió y se tramitó conforme a la normativa procesal para este tipo de recursos.
CUARTO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado las normas procesales esenciales aplicables al caso.
Se designó ponente a la Magistrada Maria Carmen Bernat Alvarez.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:


PRIMERO.- La sentencia de primera instancia desestima la demanda en ejercicio de acción de desahucio por falta de pago de la rentas de la vivienda sita en Térmens, Carrer DIRECCION000 , NUM000 al estimar, en base a la prueba practicada, documental e interrogatorio de los demandados, que no resulta probado que la parte demandada no realizara los pagos de las rentas del inmueble arrendado a la actora, imponiendo al demandante el pago de las costas.
Frente a dicha sentencia interponen recurso de apelación el actor, alegando error en la valoración de la prueba practicada al no haber acreditado los demandados que hayan pagado ni consignado las rentas reclamadas pese a corresponder a los mismos, conforme a lo dispuesto en el artículo 217 LEC , la prueba del pago de la obligación como causa de extinción de la misma.
Los demandados se han opuesto al recurso, interesando la confirmación de la sentencia recurrida, al no existir error alguno en la valoración de la prueba practicada, reiterando el carácter fraudulento del contrato aportado por el actor y el pago de las rentas en metálico y sin recibir ningún recibo, tal y como pusieron de manifiesto los demandados en el acto de la vista.
SEGUNDO.- Las alegaciones del recurrente evidencian que la cuestión principal en esta alzada estriba en verificar si el material probatorio de que se dispone ha sido debidamente analizado y valorado por la juzgadora de instancia a efectos de determinar si efectivamente los demandados han pagado la rentas reclamadas por el actor en el escrito de demanda y ampliadas en el acto de la vista.
Para ello debemos partir del reiterado criterio mantenido por la Sala en el sentido que, cuando a través del recurso de apelación se cuestiona la valoración de la prueba efectuada por el juzgador a quo sobre la base de la actividad desarrollada en el acto del juicio, debe partirse, en principio, de la singular autoridad de la que goza la apreciación probatoria realizada por el Juez ante el que se ha celebrado el acto de juicio, en el que adquieren plena efectividad los principios de inmediación, contradicción, concentración y oralidad, pudiendo el juzgador de instancia intervenir de modo directo en la actividad probatoria y apreciar personalmente su resultado, así como la forma de expresarse y conducirse de las partes, los testigos y peritos en su narración de los hechos y la razón del conocimiento de éstos.
Tras la entrada en vigor de la LEC 1/2000 el Tribunal de apelación también puede apreciar a través del soporte audiovisual, en el que se recoge y documenta el acto de juicio, la actitud de quienes intervienen y la razón de ciencia que expresan, a efectos de analizar si las pruebas se han valorado correctamente, pero siempre teniendo en cuenta que la actividad valorativa del juzgador de instancia se configura como esencialmente objetiva, sin que quepa decir lo mismo de la de las partes, que por regla general, y con cierta lógica en ejercicio del derecho de defensa, se presenta de forma parcial y subjetiva.
Por ello, la Sala ha indicado reiteradamente que la apreciación y valoración de la prueba es función privativa del juzgador de instancia, que debe realizar con arreglo a las reglas de la sana crítica, siempre con la posibilidad de que la valoración probatoria se practique mediante apreciación conjunta a fin de obtener una conclusión cierta, debiendo prevalecer su criterio, por imparcial y objetivo, sobre el de las partes, de tal modo que únicamente pueden estimarse incorrectas las conclusiones obtenidas por el juzgador a quo cuando éstas resulten absurdas, ilógicas o irracionales, o cuando haya dejado de observar alguna prueba objetiva que las contradiga, pero sin que este motivo de apelación pueda servir para intentar sustituir el criterio objetivo del juzgador por el subjetivo y propio del apelante.
Partiendo de estos criterios, y una vez reexaminadas todas las pruebas practicadas en primera instancia y en esta alzada, considera la Sala que cabe compartir las alegaciones del recurrente al considerar que efectivamente del conjunto de las pruebas practicadas no se desprende el pago de las rentas reclamadas, no compartiendo la conclusión a la que llega la juez a quo relativa a que de la prueba practicada no resulta probado que la parte demandada no realizara los pagos de las rentas del inmueble arrendado por el actor.
Prescinde la juzgadora de las normas generales sobre carga de la prueba, de las que se desprende que la carga de la prueba del pago como hecho extintivo que es, corresponde acreditarlo a quien lo invoca y resulta evidente que si se está alegando un pago en efectivo debe acreditarse por cualquiera de los medios admitidos en derecho, no pudiendo olvidarse además el principio de facilidad probatoria.
La prueba del cumplimiento de la obligación, incumbe a quien lo alega y dice haberlo efectuado, al igual que el pago ( art. 1.900 C.C .) por lo que es la parte demandada quien en el presente caso debe acreditarlo cumplidamente ya que, de lo contrario, habrá de sufrir en las consecuencias negativas de la falta o insuficiencia probatoria, tanto por aplicación de las normas generales sobre carga de la prueba que se derivan del art.
217-1 , 2 y 3 de la LEC como por aplicación de los principios de disponibilidad y facilidad probatoria ( art. 217-7 LEC ) pues no hay que olvidar que se trata de acreditar un hecho positivo (el cumplimiento, en contraposición al hecho negativo que constituye el incumplimiento) y no se está exigiendo a la demandada ninguna "probatio diabólica" sino simplemente la acreditación de sus afirmaciones, de las que no existe prueba documental ni de ningún otro tipo, desprendiéndose de las pruebas practicadas lo contrario de lo que sostiene.
Ante la insuficiencia de elementos probatorios que acrediten debidamente el pago de las rentas y cantidades asimiladas reclamadas deben entrar en juego las normas sobre carga de la prueba a las que antes nos hemos referido y que, como apunta la Exposición de Motivos de la LEC 1/2007, han de aplicarse judicialmente cuando no se ha logrado obtener certeza sobre los hechos controvertidos y relevantes en el proceso, siendo en este caso la parte demandada la que ha de soportar las consecuencias que se derivan de la incerteza existente sobre los hechos relevantes en que su sustenta su pretensión.
En relación con estas reglas cabe recordar el criterio jurisprudencial ya mantenido por el Tribunal Supremo respecto al Art. 1.214 C.C . (hoy derogado) al considerar que no era una norma de valoración de la prueba sino que lo que se establece en dicho precepto es una regulación de la carga de la prueba que sólo entra en juego cuando la prueba realizada es insuficiente o inexistente ( SSTS de 30 de julio , 7 y 20 de noviembre de 1991 y 26 de enero de 1993 , entre otras). De forma que, ante la falta de prueba, ha de aplicarse la denominada regla de juicio, tal como explica el Tribunal Supremo en la sentencia de 15 de diciembre de 2004 al recordar que " ... para que el juez pueda técnicamente fallar de acuerdo con las exigencias del artículo 361 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y el artículo 1º.7 del Código Civil , el ordenamiento jurídico debe ofrecer al órgano judicial un instrumento lógico que le indique, en los supuestos de hecho incierto, si la sentencia debe ser absolutoria o condenatoria. La doctrina, que se ha ocupado de estos temas, habla de la necesidad de que el juez tenga, para esas ocasiones, una regla de juicio que, fundada en razones incontestables, no tanto sustituya el enjuiciamiento del órgano judicial, como evite la parálisis y la inercia impuestas por las circunstancias de incerteza tácita que imposibilitan el enjuiciamiento.
Este expediente lógico, que llamamos reglas de juicio, para el proceso civil está recogido en el artículo 1214 del Código Civil , que establece que incumbe la prueba de las obligaciones al que reclama su cumplimiento y la de su extinción al que la opone. La regla de juicio sólo es necesario aplicarla en los supuestos en los que, efectuado una labor probatoria, aunque sea mínima, los hechos han quedado inciertos.
La interpretación de la norma, integrada en el ordenamiento privado, no puede ser otra que si los hechos en que se fundamenta la existencia de la obligación han quedado inciertos, el juez dictará una sentencia absolutoria".
Esta regla de juicio es la que se regula expresamente en el art. 217-1 de la LEC al señalar que, cuando al tiempo de dictar sentencia o resolución semejante el tribunal considere dudosos unos hechos relevantes para la decisión, desestimara las pretensiones del actor o del reconviniente, o las del demandado o reconvenido, según corresponda a unos u otros la carga de probar los hechos que permanezcan inciertos y fundamenten sus pretensiones.
Y en el supuesto de autos los demandados no han acreditado en ningún momento el pago de las rentas reclamadas, más allá de una mera manifestación de parte, afirmando en los interrogatorios practicados en el acto de la vista que hicieron los pagos en metálico, sin soporte probatorio alguno.
Pero es que además la propia documental aportada por los demandados junto a su escrito de contestación a la demanda avala la falta de pago de las rentas reclamadas. Nos referimos en concreto al informe social del Consell Comarcal de la Noguera aportado bajo Doc. 17, en el que en la situación socio- familiar consta expresamente que el Sr. Lucio junto con su pareja Concepción , la hija de ésta y un hijo en común viven en una casa de alquiler, por la que pagan 450 € y tienen una deuda de 5 meses y por este motivo quieren solicitar la ayuda de prestaciones económicas de urgencia especial.
En la situación económica y laboral se reitera lo expuesto, estableciendo que la familia Lucio Concepción en este momento tiene el ingreso del trabajo que realizan, pero que pese a ello han acumulado una deuda de 5 meses de alquiler.
Nótese además que dicho informe es de fecha 24 de agosto de 2017, lo que corrobora que la deuda a que hace referencia se corresponde perfectamente con las rentas reclamadas en la demanda, correspondientes a los meses de febrero a junio de 2017.
Resaltar igualmente que los demandados en el escrito de contestación a la demanda afirman que en su momento intentaron el pago de las rentas mensuales a través de transferencia bancaria, pero que la actora nunca accedió a ello, por lo que no les quedó otra posibilidad que el pago en metálico sin recibo de pago, anunciando que en el acto de la vista aportarían el intento de pago a través de transferencia bancaria; prueba que no han aportado en ningún momento a las actuaciones.
No han acreditado tampoco consignación alguna de las rentas desde el inicio del presente procedimiento, ni tampoco desde que el actor les remitió el 30 de mayo de 2017 burofax reclamando las rentas adeudadas, que fue debidamente entregado al Sr. Lucio el 31 de mayo de 2017 (Doc. 7 de la demanda).
Ningún sentido tienen las dudas que se plantean en cuanto al contrato de arrendamiento que aporta el actor junto a la demanda, cuyo contenido es idéntico al aportado por los demandados junto a su escrito de contestación a la demanda, con la única diferencia que en éste último no consta fecha ni firma del propietario.
Si examinamos detenidamente las cláusulas de ambos contratos, constatamos que son idénticas, al igual que el anexo relativo al inventario y las fotografías de muebles y estado de la vivienda, constando la firma tanto del arrendador como de los arrendatarios tanto al final del contrato propiamente dicho, como en los 3 documentos en los que se plasman las fotografías de los muebles y estado de la vivienda arrendada.
Es más el contrato aportado por el actor junto a la demanda es un testimonio del contrato expedido por el Ajuntament de Térmens, figurando en todas y cada una de sus hojas el sello de dicho ente local y la apostilla suscrita por el secretario en la que hace constar que dicha fotocopia reproduce fielmente en original.
De hecho la demandada Sra. Concepción en el interrogatorio practicado en el acto de la vista reconoció que en el Ayuntamiento de la localidad le pidieron copia del contrato de arrendamiento para el empadronamiento. Y el demandado Sr. Lucio , al exhibírsele el contrato aportado por el actor junto a la demanda, reconoció que efectivamente lo firmó.
Ninguna duda existe, pues, en cuanto a que la copia del contrato aportado por el actor reproduce fielmente el contrato original, siendo que la fecha del contrato, 1 de octubre de 2013, viene avalada por la copia de la diligencia de inspección de constancia de hechos de la Agencia Tributaria, acompañada por los demandados junto a la contestación a la demanda bajo Doc. 4, en la que el Sr. Lucio sitúa el inicio del arrendamiento en fecha 1 de octubre de 2013.
Cuanto queda expuesto ha de conducir, como ya se adelantaba, a estimar el recurso y revocar la sentencia de primera instancia, que no ha hecho uso correcto de las normas sobre carga de la prueba establecidas en el Art. 217 de la LEC , debiendo recaer sobre la parte demandada las consecuencias negativas que se derivan de la insuficiencia de elementos probatorios que corroboren el pago de la total cantidad reclamada, siendo en estos supuestos cuando han de entrar en juego las normas sobre carga de la prueba a las que antes nos hemos referido y que, como apunta la Exposición de Motivos de la LEC 1/2007, han de aplicarse judicialmente cuando no se ha logrado obtener certeza sobre los hechos controvertidos y relevantes en el proceso, con la consecuencia en este caso de que es la parte demandada la que ha de soportar las consecuencias que se derivan de la incerteza existente sobre los hechos relevantes -el pago de la deuda reclamada- en que se sustenta su oposición a la demanda.
TERCERO.- La estimación del recurso conduce a la estimación de la demanda, por lo que en materia de costas procesales es de aplicación lo previsto en los Arts. 394-1 en relación con el Art 398 de la LEC , que determina que las de primera instancia son de imponer a los demandados.
En cuanto a las de esta alzada, no procede efectuar especial pronunciamiento al respecto ( Art. 398-2 de la LEC ).
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación

FALLO:

ESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Justo contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Balaguer, QUEREVOCAMOS y, en su lugar, ESTIMAMOS la demanda planteada por la representación procesal de Justo contra Lucio y Concepción , declarando la resolución del contrato de arrendamiento de fecha 1 de octubre de 2013 y haber lugar al desahucio de la vivienda sita en Térmens, Carrer DIRECCION000 NUM000 , por falta de pago de la renta; condenando a los demandados al pago de la cantidad de 4.950 € en concepto de rentas y demás conceptos asimilados adeudados en la fecha de celebración de la vista, además de las rentas y demás conceptos que resulten pendientes de pago hasta el efectivo lanzamiento y al pago de las costas causadas a la instancia; sin que proceda efectuar especial pronunciamiento sobre las de esta alzada.
Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de procedencia, con certificación de esta sentencia, a los oportunos efectos.
Por último, respecto al depósito que ha constituido la parte recurrente, debe acordarse lo que proceda conforme a lo dispuesto en la DA 15ª de la LOPJ.
Modo de impugnación: recurso de CASACIÓN en los supuestos del art. 477.2 LEC y recurso extraordinario POR INFRACCIÓN PROCESAL ( regla 1.3 de la DF 16ª LEC ) ante el Tribunal Supremo ( art.466 LEC ) siempre que se cumplan los requisitos legales y jurisprudencialmente establecidos.
También puede interponerse recurso de casación en relación con el Derecho Civil Catalán en los supuestos del art. 3 de la Llei 4/2012, del 5 de març, del recurs de cassació en matèria de dret civil a Catalunya.
El/los recurso/s se interpone/n mediante un escrito que se debe presentar en este Órgano judicial dentro del plazo de VEINTE días, contados desde el siguiente al de la notificación. Además, se debe constituir, en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Órgano judicial, el depósito a que se refiere la DA 15ª de la LOPJ reformada por la LO 1/2009, de 3 de noviembre.
Lo acordamos y firmamos.
Los Magistrados :