Jurisprudencia

Jurisdicción: Civil
Origen: Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
Fecha: 21/02/2019
Tipo resolución: Sentencia Sección: Primera
Número Sentencia: 15/2019 Número Recurso: 171/2018
Numroj: STSJ CAT 1240/2019
Ecli: ES:TSJCAT:2019:1240
Voces sustantivas: Depósito, Patentes, Propiedad horizontal, Subvenciones públicas, Ampliación de plazos, Ayudas públicas, Edad, Ejercicio de los derechos, Finca urbana, Indemnización de daños y perjuicios, Junta de propietarios, Junta extraordinaria, Principio de igualdad, Costas del recurso, Embargo, Legitimación activa, Orden del día, Propiedad, Supresión de barreras arquitectónicas
Voces procesales: Prueba, Recurso de casación, Admisión del recurso, Depósito para recurrir, Interés casacional, Prueba pericial

ENCABEZAMIENTO:


TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA
Sala Civil y Penal
Recurso de casación núm. 171/2018
SENTENCIA NÚM. 15
Presidente:
Ilmo. Sr. D. José Francisco Valls Gombau
Magistrados:
Ilma. Sra. Dª. Mª Eugènia Alegret Burgués
Ilmo. Sr. D. Jordi Seguí Puntas
Barcelona, 21 de febrero de 2019
La Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, integrada por los Magistrados que se
expresan más arriba, ha visto el recurso de casación núm. 171/2018 contra la sentencia dictada en el 286/2017
Recurso de apelación - Sección Civil 13 Audiencia Provincial Barcelona como consecuencia del procedimiento
79/2016 Procedimiento ordinario - Juzgado Primera Instancia 6 Hospitalet de Llobregat (ant.CI-11). La CP
c/ DIRECCION000 , NUM000 de L'HOSPITALET DE LLOBREGAT ha interpuesto recurso de casación,
representado/a por el/la Procurador/a NURIA PLAZA RUIZ y defendido/a por el/la Letrado/a MARIA TERESA
VELASCO PASCUAL. El/La Sr/a. Miguel , parte recurrida en este procedimiento, ha estado representado/
a por el/la Procurador/a JUAN SALVADOR RODRIGUEZ TORRES y defendido/a por el/la Letrado/a NURIA
FERRER DE CASACUBERTA.

ANTECEDENTES DE HECHO:


PRIMERO .- El Procurador de los Tribunales Sr/a. JUAN SALVADOR RODRÍGUEZ TORRES, actuó en nombre y representación de Miguel formulando demanda de 79/2016 Procedimiento ordinario - Juzgado Primera Instancia 6 Hospitalet de Llobregat (ant.CI-11). Seguida la tramitación legal, el Juzgado indicado dictó sentencia con fecha 20 de diciembre de 2016 , la parte dispositiva de la cual dice lo siguiente: "Que estimando parcialmente la demanda presentada por el Procurador Juan Salvador Rodríguez Torres, en nombre y representación de Miguel , contra CDAD PROPIETARIOS C DIRECCION000 , NUM000 de Hospitalet de Llobregat debo condenar y condeno a dicha demandada a que permita y costee (hasta el límite de 77.026#88 euros más IVA ) las obras de instalación de ascensor en la finca sita en la C/ DIRECCION000 nº NUM000 de Hospitalet de LLobregat, de acuerdo con el proyecto presentado por el actor; todo ello sin hacer expreso pronunciamiento en cuanto al pago de las costas del procedimiento."

SEGUNDO .- Contra esta Sentencia, la parte demandada interpuso recurso de apelación, que se admitió y se sustanció en la Sección 13ª de la Audiencia Provincial de Barcelona la cual dictó Sentencia en fecha 15 de junio de 2018 , con la siguiente parte dispositiva: "QUE desestimando el recurso de apelación formulado por la Comunidad de Propietarios de la C/ DIRECCION000 , NUM000 de L#Hospitalet de Llobregat contra la sentencia dictada en los autos de que este rollo dimana, confirmamos dicha resolución, sin declaración especial sobre las costas causadas en esta alzada".
TERCERO .- Contra esta Sentencia, la representación procesal de CP c/ DIRECCION000 , NUM000 de L'HOSPITALET DE LLOBREGAT interpuso recurso de casación y extraordinario por infracción procesal.
Por Auto de fecha 8 de noviembre de 2018, este Tribunal se declaró competente y admitió a trámite los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal interpuestos, dándose traslado a la parte recurrida para formalizar oposición por escrito en el plazo de veinte días.
CUARTO .- Por providencia de fecha 21 de enero de 2019 se tuvo por formulada oposición al recurso de casación y de conformidad con el art. 485 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se señaló para su votación y fallo que ha tenido lugar el día 14 de febrero de 2019.
Ha sido ponente el/la Magistrado/a Doña Mª Eugènia Alegret Burgués.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:


PRIMERO.- Resumen de antecedentes 1. El presente litigio fue promovido por el Sr. Miguel que reclamó frente a la Comunidad de propietarios de la finca sita en c/ DIRECCION000 , NUM000 de l'Hospitalet de Llobregat amparado en su edad, superior a los 70 años y en las dolencias que le aquejan y en su condición de propietario del piso NUM001 del inmueble, la condena a la Comunidad a suprimir las barreras arquitectónicas de la finca mediante la instalación de un ascensor.
2. La demanda fue estimada sustancialmente en primera y en segunda instancia. Frente a ella formula la Comunidad de propietarios demandada recurso de casación por interés casacional.
3. Son hechos declarados probados por la Audiencia que han servido para su decisión estimatoria de la demanda y de los que debemos partir, los siguientes: 1) El actor: a) es propietario de la vivienda sita en el sobreático del edificio situado en la C/ DIRECCION000 , NUM000 de L#Hospitalet de Llobregat, desde 1975; dicha vivienda tiene una superficie útil de 59 m2 y dos terrazas, en las cuales tiene todos sus trabajos como carpintero (f. 5 y ss); asimismo, es propietario del entresuelo 1ª del referido inmueble (f. 63 y ss), así como del local bajos (con un coeficiente total del 25#6%), b) tiene 80 años de edad, con un grado de disminución reconocido del 33%, y otras patologías crónicas (f. 9 y ss, 104), lo que motiva que tenga graves dificultades para subir y bajar escaleras a fin de acceder a su vivienda. c) dicha circunstancia ha motivado a su vez, que, desde hace varios años venga requiriendo a la Comunidad de Propietarios a fin de que instale un ascensor.
2) El inmueble es un edificio plurifamiliar entre medianeras, compuesto por dos volúmenes, con bajos (dos locales comerciales), planta intermedia y 2 plantas piso, NUM002 y NUM001 (12 viviendas), constituyendo una sola comunidad aunque con dos escaleras, una con 9 entidades y la otra con 4, tras un vestíbulo, a las que se accede tras un primer tramo con 8 escalones (f. 71 y ss).
3) Desde el año 2005 ha venido debatiéndose en dicha Comunidad la instalación del ascensor: (1) En Junta de 2005 por mayoría de votos se acordó que no se realizaría ningún estudio por parte de la Comunidad (f. 65 y ss). (2) En la Junta de 17.12.2007 se planteó la instalación "en la escalera derecha", sin llegarse a ninguna conclusión, al faltar el informe técnico del Ayuntamiento sobre su viabilidad, haciéndose referencia a que el tema ya se había debatido en anteriores reuniones de noviembre 2006 y enero 2007 (f. 12 y ss); (3) en la Junta de 30.1.2008 , previa entrega a todos los presentes del informe del Ayuntamiento TEDI, sobre dicha viabilidad y "viendo la viabilidad de la instalación del ascensor, quedan conformes y de acuerdo" en pedir presupuesto al respecto, " y acceden a su aprobación el que proceda" , así como de las derramas correspondientes, informándose sobre el procedimiento de solicitar las subvenciones que correspondan (f. 15 y ss), sin que conste impugnación del acuerdo; (4) No obstante, en la Junta de 17.9.2009, formando parte del orden del día: 1º. "Aprobación instalación ascensor escalera derecha", 2º."Aprobación de exclusión en los gastos de instalación y mantenimiento de ascensor a la escalera izquierda, y/o aprobación de reforma de fachada compensando a la escalera izquierda por la instalación de ascensor (así es con mínimo coste para la escalera izquierda)", 3º.Aprobación de derramas a tratar por los propietarios de la escalera derecha o bien por los propietarios interesados en la instalación y que éste se utilice con llave, si posteriormente uno de los propietarios que no está de acuerdo en el pago se adhiere más adelante pagaría en proporción a su coeficiente. 4º.Presentación documentación en la Generalitat, no se acordó la instalación, al no llegarse a la mayoría (f. 17 y ss).
4) En 28.10.2011, a instancia del actor, el Àrea de Promoció de l#Accessibilitat i de Supressió de Barreres del Departament de Benestar Social i Familia de la Generalitat de Catalunya, dictó resolución en el sentido de que, partiendo de la obligatoriedad de las obras para la accesibilidad y supresión de las barreras arquitectónicas en el caso del actor, "una vez la comunidad de propietarios ha decidido poner un ascensor atendiendo a la solicitud de un propietario con discapacidad, que tiene necesidad, no es admisible que cambie de opinión sin causa justificada, al contrario hay que requerir que ejecute el acuerdo de manera suficientemente diligente" (f . 20 y ss).
5) A partir de entonces, el actor ha requerido a la Comunidad en diversas ocasiones a fin de que se aprobara la instalación del ascensor, a lo que ha hecho caso omiso (así, burofax de 1.4.2014, a fin de que se procediera a convocar Junta extraordinaria, incluyendo en el orden del día la instalación del ascensor, f.
6) En 29.4.2014 se celebró una reunión extraordinaria en la que el solicitó la instalación exponiendo sus motivos, aunque no se presentó informe técnico, pero no se realizó ninguna votación, al entenderse que en anteriores reuniones ya se había votado que no (f. 27 y ss).
7) De las pruebas periciales realizadas en el pleito se infiere que: a) la propuesta del actor para la puesta en marcha de un ascensor en la finca es viable efectuándose la instalación por el patio de luces del inmueble; b) mejora notablemente la accesibilidad (en todo caso se salvan 96 peldaños, quedando 8 para acceder desde la planta baja al inicio del recorrido del ascensor (en su caso y en su momento, podría salvarse con un "salva escaleras mecánico"), y los escalones entre plantas, desde donde llega el ascensor a cada piso); c) que obtendría subvención pública; d) que nada impide que pueda instalarse otro ascensor para la escalera izquierda; e) que existe afectación en elementos estructurales (instalaciones de agua y luz), aunque mínima, con el ruido propio del funcionamiento, si bien se cumplen las condiciones de iluminación y de ventilación para el inmueble.
Recurso de casación

SEGUNDO.- . Planteamiento 1. Frente a la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial la Comunidad de propietarios demandada formula recurso de casación por interés casacional.
2. Considera la recurrente que la sentencia infringe el art. 553-25.5 del Código Civil de Cataluña (CCCat ) que en la redacción ya en vigor cuando se interpuso la demanda establece que: "Los propietarios o los titulares de un derecho posesorio sobre el elemento privativo, en el caso de que ellos mismos o las personas con quien conviven o trabajan sufran alguna discapacidad o sean mayores de setenta años, si no consiguen que se adopten los acuerdos a que se refieren las letras a y b del apartado 2, pueden solicitar a la autoridad judicial que obligue a la comunidad a suprimir las barreras arquitectónicas o a hacer las innovaciones exigibles, siempre y cuando sean razonables y proporcionadas, para alcanzar la accesibilidad y transitabilidad del inmueble en atención a la discapacidad que las motiva." 3. Se afirma infringida la doctrina sentada por esta Sala en las Sentencias 36/2012 de 11 de junio , 34/2013 de 6 de mayo y 11 de junio de 2018 (esta última inexistente) que rechazan todo automatismo en la aplicación de la norma en orden a la solicitud de instalación de ascensores en las fincas que no lo tuvieran, pues siempre debe realizarse una valoración o ponderación de las circunstancias concurrentes en términos de racionalidad y proporcionalidad valorando todos los intereses en juego.
4. La parte demandante, ahora recurrida, se opone a la admisión del recurso. Se dice que la casación no puede implicar una nueva valoración de las pruebas, que la sentencia de la Audiencia ha ponderado correctamente los intereses en liza y que atiende a todos ellos, sobre todo en la medida en que la Comunidad solo está obligada a realizar las obras por un importe máximo de 77.026,88 Euros (más IVA, según el fallo de primera instancia, confirmado por la Audiencia) haciéndose cargo del exceso el actor.
5. Pues bien, deben ser rechazados los óbices de admisibilidad del recurso de casación que formula la parte actora, toda vez que si ciertamente esta Sala debe partir de los hechos declarados probados por la Audiencia, la valoración jurídica de los mismos sí puede tener acceso a la casación ( STS, sala 1ª 562/2018 de 10 de octubre de 2018 o 718/2018 19 de diciembre de 2018 ), si bien teniendo en cuenta que: a) la ponderación de los criterios de racionalidad y proporcionalidad que exige el precepto que se dice infringido corresponde, en principio, a los órganos de instancia al tratarse de conceptos abiertos, b) que el acceso a la casación será posible en la medida en que se argumente sobre la irracionalidad o arbitrariedad de la decisión tomada a partir de los hechos que se declaran probados.
6. Ello expuesto, procederemos a analizar el recurso de casación interpuesto.
TERCERO.- Instalación de ascensores en fincas urbanas a petición de personas mayores de 70 años o con minusvalías.
1. La conveniencia de la instalación de ascensores u otros mecanismos de elevación u otras instalaciones adecuadas para superar barreras arquitectónicas dentro o fuera de los edificios, sean estos públicos o privados, ha ido haciéndose patente a lo largo del tiempo y como ya dijo esta Sala en la STSJCat de 20 de febrero de 2012 se reconoce ya sin dificultad en la actualidad, como lógica consecuencia evolutiva de los avances y derechos sociales y en lo que atañe a las fincas antiguas, que resulta de interés general la instalación del ascensor como elemento esencial de presente y de futuro para favorecer la movilidad de las personas que residen en los inmuebles y que redunda en beneficio, sin excepción, de todas ellas, tanto de quienes por razón de la edad o de las circunstancias físicas, temporales o permanentes, están incapacitados para acceder a las viviendas, especialmente, a las más altas, como del bienestar general y material, en cuanto implica una revalorización del edificio. Por tal razón no pueden calificarse como de lujo innecesario dichas instalaciones.
Dichas instalaciones resultan ya obligadas en prácticamente todos los edificios de nueva construcción e incluso la normativa administrativa impone una adaptación progresiva de los edificios antiguos a los nuevos requerimientos en materia de supresión de barreras arquitectónicas.
2. A todas estas cuestiones se refiere ahora la Llei de accesibilidad de Cataluña, 13/2014, del 30 de octubre, cuando recuerda en su Preámbulo que la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, ratificada por el Estado en el BOE de 21 de abril de 2008, establece el compromiso de promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales en condiciones de igualdad de las personas con discapacidad, así como la obligación de promover el respeto a su dignidad, haciendo patente que el incremento de la esperanza de vida de la población hace que el colectivo de personas mayores de 70 años sea en Cataluña, como en el resto de España y de Europa, muy significativo. Estudios de la organización de las Naciones Unidas calculan que el 75% de las discapacidades surgen en la vida adulta y que con motivo del envejecimiento estas discapacidades aumentaran significativamente.
3. Es por ello que las condiciones de accesibilidad son útiles y necesarias no solo para un colectivo específico sino que perjudican o pueden perjudicar a la larga a mayores y más numerosos segmentos de la población.
4. La finalidad de dicha ley, de carácter predominantemente administrativo, es la de avanzar hacia el concepto de accesibilidad universal de modo que no se generen situaciones discriminatorias suprimiendo los obstáculos para que las personas mayores o con minusvalías puedan disfrutar de sus derechos en igualdad de condiciones respecto de las personas más jóvenes o con mejores aptitudes físicas.
5. Desde el punto de vista civil en la STSJCat 36/2012 (FJ 5 y 6) expusimos la evolución legislativa que se venía produciendo tanto en la legislación estatal como en la catalana en materia de supresión de barreras arquitectónicas de los edificios antiguos y sometidos al régimen de propiedad horizontal.
6. En Cataluña la promulgación del Libro V del CCCat por Ley 5/2006 de 10 de Mayo, supuso ciertos cambios en esta materia al establecer por un lado la necesidad de una mayoría exigua para conseguir el acuerdo comunitario para la instalación de los ascensores o instalaciones destinadas a suprimir barreras arquitectónicas y de otro, conseguido el acuerdo, imponiendo a todos los propietarios la obligación de hacerse cargo de los gastos que se generen.
7. Además, para el caso de no obtenerse el acuerdo, el artículo 553-25.6 del CCCat , permitió a las personas con discapacidades dirigirse al juez para suplir la autorización de la Junta de propietarios aunque omitiendo el procedimiento a seguir y los criterios que el Tribunal debía tener en cuenta para conceder o no la autorización.
Ello obligó al Tribunal Superior a ir perfilando los mismos, lo que hizo en las sentencias de 36/2012 y 34/2013 , citadas por el recurrente.
8. Con posterioridad, la Llei de accesibilidad antes citada, a los efectos de la misma, desarrolla en su artículo 3, o) y 3, p) los conceptos de a justes razonables definiéndolos como aquellas medidas de adecuación física, social y actitudinal que de una manera eficaz y práctica, sin comportar una carga desproporcionada, faciliten la accesibilidad o la participación de una persona con discapacidad en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos y por medida proporcional la cualidad de una medida de mejora de accesibilidad según la cual los costes y las cargas que impliquen están justificados atendiendo a los criterios siguientes: 1) los efectos discriminatorios que comportaría para las personas con discapacidad que la medida no se llevase a término, 2) las características de la persona, la entidad o la organización que debe llevar a cabo la medida y, 3) la posibilidad de obtener financiación pública u otras ayudas.
9. Por su parte la llei 5/2015, de 13 de mayo, modificó el art. 553-25 del CCCat en el sentido de ratificar ahora en su número 5 la legitimación activa no solo de las personas con discapacidad, sino también de los mayores de 70 años -a los que la jurisprudencia de esta Sala ya había equiparado en la STSJCat 36/2012 - y de aclarar -ante el silencio de la norma en su redacción primitiva- que se podría obligar a la comunidad a la instalación de las medidas necesarias para suprimir barreras arquitectónicas siempre y cuando sean razonables y proporcionadas, para alcanzar la accesibilidad y transitabilidad del inmueble en atención a la discapacidad que las motiva.
10. En la misma línea, esta Sala se había mostrado ya antes de la promulgación de la llei de accesibilidad o de la reforma del libro V por la ley 5/2015 muy favorable a la instalación de ascensores en los edificios sometidos a la normativa de la propiedad horizontal.
De este modo, bajo la normativa entonces en vigor, la STSJC de Pleno 15/2012, de 20 de febrero , la S. 23/2013 de 25 de marzo y la S. 105/2016 de 22 de diciembre , habían proclamado que la instalación del servicio de ascensor en una finca que careciese de él permitía la constitución de una servidumbre con la oportuna indemnización de daños y perjuicios aunque suponga la ocupación de parte del elemento privativo, salvo la vivienda en sentido estricto, siempre que el gravamen no implique una pérdida de funcionalidad o económica del mismo.
En la STSJC 36/2012, de 11 de junio , ampliamos la legitimación activa para exigir a la comunidad la supresión de barreras arquitectónicas a las personas mayores de 70 años, aclarando que del coste de la instalación debía hacerse cargo la comunidad y que en abstracto los derechos de las personas mayores o con minusvalías físicas resultaban más relevantes que los intereses de los restantes propietarios de los inmuebles en atención al valor superior que el principio de igualdad tiene sobre los derechos dominicales que se reconocen en la normativa reguladora de la propiedad horizontal.
11. Es cierto, también, como indica la parte recurrente que la Sala ante el silencio que guardaba el art. 553-25.6 en su primera redacción sobre los criterios a tener en cuenta para obligar a la comunidad a suprimir las barreras arquitectónicas en las fincas cuando la comunidad se negaba a hacerlo, declaró en la STSJCat 36/2012 antes citada , reiterada por la 34/2013, la necesidad de verificar un juicio ponderado sobre las necesidades de los vecinos y las posibilidades de realización y asunción de las obras por los restantes.
12. Decíamos entonces que el silencio de la norma respecto de los requisitos exigidos para obligar a la Comunidad a realizar la instalación, no suponía, obviamente, que los Tribunales estuviesen obligados a acceder en todo caso a la demanda, sino que debían hacer un juicio equitativo en función de las circunstancias de cada caso concreto, siendo necesario que exista un equilibrio entre los derechos de unos y otros propietarios para que no se provoque el efecto contrario al querido por la Ley (integración social de las personas con minusvalías) así como que las decisiones que se tomen sean posibles y ejecutables.
13. Para realizar este juicio equitativo debía considerarse, por un lado, la clase y tipo de minusvalías físicas o la edad de los concretos peticionarios incluso su número, con independencia de que tales discapacidades hubiesen sido determinadas en vía administrativa y, de otro, sin ánimo exhaustivo: a) el mantenimiento del propio sistema; b) los derechos que en su caso podrían resultar afectados por la instalación; c) el coste total de las obras; d) la capacidad de la Comunidad y de sus miembros para llevarlas a cabo sin afectar a su propia subsistencia, y, e) las ayudas oficiales previstas y con las que podría contar la Comunidad para sufragar las obras.
14. Asimismo, añadíamos, que todas estas circunstancias que el tribunal debía valorar debían alegarse y acreditarse en la fase declarativa del procedimiento y no en la de ejecución, en tanto que condicionaban la decisión a adoptar.
Fue por esta última razón por la que se desestimaron en las dos sentencias de la Sala antes citadas la instalación de ascensor pretendida en aquellas demandas.
15. La redacción actual del art. 553-25.5 CCCat , que es el aplicable al caso, recoge la doctrina antes citada y los criterios que utiliza la llei de accesibilidad del año 2014, antes transcritos, nos sirven también de pauta y orientación para establecer el juicio de ponderación requerido en estos casos.
QUINTO.- Resolución del recurso de casación. Desestimación.
1. Expuesto lo anterior la Sala debe rechazar el recurso interpuesto.
2. Es cierto que nos hallamos ante un caso problemático por la especial configuración de la Comunidad de propietarios demandada que siendo un único edificio y teniendo constituida una sola Comunidad cuenta con dos escaleras y cuando la previsión es que el ascensor se instale en una sola de ellas.
3. Sin embargo, compartimos el juicio de ponderación realizado por la Audiencia teniendo en cuenta las siguientes circunstancias: 1) El actor cuenta ya con 80 años de edad, vive en el sobreático de la finca, padece problemas circulatorios y funcionales en las extremidades.
2) La única manera de salvar la mayor parte de las barreras arquitectónicas del edificio, como son las escaleras, es mediante la instalación de un ascensor. Este favorecería la movilidad de 9 propietarios frente a los 4 de la otra escalera.
Los 8 escalones de la entrada de ser necesario se podrían superar mediante un salva escaleras mecánico 3) El coste no resulta inasumible frente a las ventajas presentes y futuras de contar con un ascensor para todos los vecinos de la escalera en la que se va a instalar, en la medida que en el caso: a) el propio demandante tiene un coeficiente de participación en la comunidad de algo más de un 25%; b) ha consentido, además, no recurriendo la sentencia de primera de instancia, en abonar lo que exceda de la suma de 77.026,88 euros más IVA que estableció como límite de las obligaciones económicas de la Comunidad dicha sentencia cuyo fallo confirma la Audiencia provincial (pese a lo que se dice en el FJ 2º). Lo ratifica - por si alguna duda cupiera- en el escrito de contestación al recurso de casación; c) es posible contar con ayudas públicas y según la llei de accesibilidad (art. 17), en determinadas condiciones, con la posibilidad de ampliación de plazos.
4) La afectación de los elementos estructurales es mínima y no tiene incidencia apreciable según los hechos probados de la sentencia.
5) No puede obligarse al demandante, a cambiar al final de su vida de vivienda pasando a residir en un piso de la planta entresuelo, también de su propiedad, máxime cuando no hay prueba alguna respecto de las condiciones de habitabilidad de la misma.
4. Es por todo ello que el recurso debe ser desestimado al considerar esta Sala razonable el criterio de la Audiencia provincial en el juicio de ponderación y proporcionalidad al que obliga el art. 553-25.5 del CCCat que, en consecuencia, no ha sido vulnerado por la Audiencia.
SEXTO. - Costas y depósito para recurrir.
No se imponen las costas del recurso de casación habida cuenta de las dudas que el caso podría ofrecer ( art. 394 y 398 de la Lec 1/2000 ). La parte recurrente perderá del depósito constituido.

FALLO:

LA SALA DE LO CIVIL Y PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA , DECIDE: DESESTIMAR el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Comunidad de Propietarios de la c/ DIRECCION000 , NUM000 de l'Hospitalet de Llobregat contra la Sentencia de fecha 15 de junio de 2018 dictada por la Sección 13ª de la Audiencia Provincial de Barcelona en el rollo de apelación núm. 286/17 , la cual se confirma íntegramente. Sin hacer expresa imposición de las costas causadas y con pérdida del depósito constituido.
Notifíquese la presente a las partes y con su testimonio remítase el Rollo y las actuaciones a la Sección indicada de la Audiencia.
Así por esta sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACIÓN.- Esta Sentencia se ha firmado y publicado el mismo día de la fecha por los Magistrados de esta Sala que la han dictado. Doy fe.