Jurisprudencia

Cabecera: Tanteo. Arrendamientos urbanos. Otorgar escritura publica
Jurisdicción: Civil
Origen: Audiencia Provincial de Barcelona
Fecha: 29/01/2019
Tipo resolución: Auto Sección: Decimotercera
Número Sentencia: 21/2019 Número Recurso: 812/2018
Numroj: AAP B 252/2019
Ecli: ES:APB:2019:252A
Voces sustantivas: Compraventa, Derecho de tanteo, Resolución del contrato de arrendamiento, Derecho de adquisición preferente, Renta, Excepción de litispendencia, Falta de pago, Propiedad, Suspensión del procedimiento, Tanteo
Voces procesales: Cuestiones prejudiciales, Cosa juzgada, Desahucio, Recurso de apelación, Acumulación de autos, Conexión, Conexión objetiva, Conexos, Depósito para recurrir, Desahucio por falta de pago, Litispendencia, Notificaciones

ENCABEZAMIENTO:


Sección nº 13 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil
Calle Roger de Flor, 62-68, pl. 1 - Barcelona - C.P.: 08013
TEL.: 935673532
FAX: 935673531
EMAIL:aps13.barcelona@xij.gencat.cat
N.I.G.: 0818742120170013188
Recurso de apelación 812/2018 -2
Materia: Juicio verbal desahucio
Órgano de origen:Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Sabadell
Procedimiento de origen:Juicio verbal (Desahucio por falta de pago art. 250.1.1) 159/2017
Parte recurrente/Solicitante: Bankia, SA
Procurador/a: Alvaro Cots Duran
Abogado/a: ALVARO (LENER) GARCIA DE LEON LORENZO
Parte recurrida: Simón
Procurador/a: Esteban J. Celorrio Jimenez
Abogado/a:
AUTO Nº 21/2019
Magistrados:
Juan Bautista Cremades Morant
M dels Angels Gomis Masque
Fernando Utrillas Carbonell
Maria del Pilar Ledesma Ibañez
Barcelona, 29 de enero de 2019

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero . En fecha 29 de junio de 2018 se han recibido los autos de Juicio verbal (Desahucio por falta de pago art. 250.1.1) 159/2017 remitidos por Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Sabadell a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por e/la Procurador/a Alvaro Cots Duran, en nombre y representación de Bankia, SA contra Auto - 11/01/2018 y aclarado el mismo por Auto de fecha 9.2.18 y en el que consta como parte apelada el/la Procurador/a Esteban J. Celorrio Jimenez, en nombre y representación de Simón.
Segundo . El contenido de la parte dispositiva del auto de fecha 11.1.18 y del auto de aclaración del mismo de fecha 9.2.18, contra los que se ha interpuesto el recurso son respectivamente los siguientes: "SE APRECIA LA EXISTENCIA DE CUESTIÓN PREJUDICIAL CIVIL , suspendiéndose los presentes autos hasta que se acredite por las partes que los autos de juicio ordinario nº 1331/2017 seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia Nº 5 de Sabadell han terminado por resolución firme." "Rectifico el error material en la datación del auto y donde dice "En Sabadell (Barcelona) a once de enero de dos mil diecisiete" debe decir " En Sabadell (Barcelona) a once de enero de dos mil dieciocho ", manteniéndose en su integridad el resto de pronunciamientos de la citada resolución." Tercero. El recurso se admitió y se tramitó conforme a la normativa procesal para este tipo de recursos.
Cuarto. En la tramitación de este procedimiento se han observado las normas procesales esenciales aplicables al caso.
Se designó ponente a la Magistrada M dels Angels Gomis Masque.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:


PRIMERO.- El presente recurso se sustancia contra el auto que acuerda la suspensión del curso de un procedimiento del juicio desahucio por falta de pago al que se ha acumulado la acción de reclamación de rentas por prejudicialidad civil en relación a un procedimiento ordinario mediante el que se ha ejercitado una acción en la que se solicita que, con fundamento en el art. 25 de la LAU 1994 , se condene a la propiedad a otorgar escritura pública de compraventa en favor del arrendatario en ejercicio del derecho de adquisición preferente de tanteo en las condiciones establecidas en la notificación fehaciente efectuada.
Para la resolución del recurso es preciso partir de los siguientes datos: En fecha 12.1.2017 BANKIA interpuso contra el arrendatario de la vivienda de su propiedad, Simón , demanda de desahucio por falta de pago a la que acumuló la reclamación de rentas, acciones que fundó en el impago de las rentas de las mensualidades correspondientes al período comprendido entre diciembre de 2014 (la actora había adquirido la vivienda por auto de adjudicación de 11.11.2014) y octubre de 2016.
El demandado al oponerse a la demanda en 20.7.2017, si bien reconoció el impago, alegó inadecuación de procedimiento y que procedía su desestimación, pues habiendo recibido un burofax de una gestoría en nombre de la propiedad en la que se le instaba a ejercitar su derecho de adquisición preferente para el caso de que le interesara, había ejercitado ese derecho en la forma que le había sido indicada.
En fecha 20.11.2017 el arrendatario Sr. Simón presentó escrito solicitando la suspensión del procedimiento por prejudicialidad civil, acreditando haber presentado en fecha 30.10.2017 demanda ejercitando la acción a que se ha hecho referencia en el primer párrafo.
SEGUNDO.- Señala el artículo 43 LEC 2000 que "Cuando para resolver sobre el objeto del litigio sea necesario decidir acerca de alguna cuestión que, a su vez, constituya el objeto principal de otro proceso pendiente ante el mismo o distinto tribunal civil, si no fuere posible la acumulación de autos, el tribunal, a petición de ambas partes o de una de ellas, oída la contraria, podrá mediante auto decretar la suspensión del curso de las actuaciones, en el estado en que se hallen, hasta que finalice el proceso que tenga por objeto la cuestión prejudicial" Ya la STS de 25.2.2011 señalaba que " La doctrina jurisprudencial desarrollada bajo el sistema de la LEC 1881 vino admitiendo la aplicación de la litispendencia, aunque no concurriera la triple identidad propia de la cosa juzgada ( SSTS 25 de julio de 2003 , 31 de mayo de 2005 , 22 de marzo de 2006 ), de la que la excepción de litispendencia es una institución preventiva o cautelar. Es la denominada litispendencia impropia o por conexión, que en realidad integra un supuesto de prejudicialidad civil. A ella se refieren las SSTS de 17 de febrero de 2000 , 9 de marzo de 2000 , 12 de noviembre de 2001 , 28 de febrero de 2002 , 30 de noviembre de 2004 , 1 de junio de 2005 , 20 de diciembre de 2005 y 22 de marzo de 2006 , en las que se declara que tiene lugar cuando un pleito interfiere o prejuzga el resultado de otro, con la posibilidad de dos fallos contradictorios".
Igualmente, la STS de 3.9.2013 recogía para la interpretación del actual art. 43 LEC la doctrina jurisprudencial desarrollada bajo la vigencia de la anterior LEC, y afirmaba que "En similar sentido ya se pronunciaba la sentencia núm. 817/2003, de 25 julio , al señalar que "la litispendencia opera no solo en el supuesto de identidad de pleitos "conformada por la triple identidad subjetiva, objetiva y causal", sino también, aún cuando la identidad no sea total, si se produce una interdependencia entre los dos procesos en trámite que pueda generar resoluciones contradictorias, que es la finalidad básica de la figura examinada. Y en este sentido esta Sala viene declarando: dicha finalidad autoriza a ampliar el instituto a aquellos supuestos en los que un procedimiento vincula y determina la decisión de otro ( S 16 de enero de 1997 y 22 de junio de 1998 ); es aplicable en los casos en los que el juicio precedente prejuzga e interfiere en el posterior, de similar naturaleza, presentándose como interdependientes los respectivos suplicados en cada uno de los pleitos (S 9 de febrero y 14 de noviembre de 1998, 17 de febrero de 2000; 28 de febrero de 2002); hay litispendencia cuando la resolución que pueda recaer en el proceso anterior es preclusivo respecto del posterior ( SS 14 de noviembre de 1998 , 9 de marzo de 2000 , 12 de noviembre de 2001 , 22 de mayo de 2003 ), o como dice la Sentencia de 4 de marzo de 2002 "siempre que la que se ejercite en el juicio preexistente, constituya base necesaria para la reclamación en el segundo como cuestión prejudicial".
En idéntico sentido se pronuncia la STS 13.10.2010 al razonar que " La jurisprudencia de esta Sala ha venido a perfilar la distinción entre litispendencia y prejudicialidad civil , que hoy reconoce el artículo 43 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , subrayando que lo operativo es la sujeción que, por razones de lógica y conexión legal, determinan una prejudicialidad entre el objeto de un litigio y otro, de tal alcance que vinculan el resultado del segundo al primero ( sentencias de 19 de abril ( RJ 2005, 3244 ) y 20 de diciembre de 2005 ( RJ 2005, 10150) ). Se trata de la llamada "litispendencia impropia" o " prejudicialidad civil ", que se produce, como ha dicho la sentencia de 22 de marzo de 2006 ( RJ 2006, 2315) , cuando hay conexión entre el objeto de los dos procesos, de modo que lo que en uno de ellos se decida resulte antecedente lógico de la decisión de otro ( SSTS 20 de noviembre de 2000 ( RJ 2000 , 9237) , 31 de mayo ( RJ 2005 , 5031) , 1 de junio ( RJ 2005, 6384 ) y 20 de diciembre de 2005 ) aún cuando no concurran todas las identidades que exigía el artículo 1252 del Código Civil ".
Conceptualmente, conforme al precepto más arriba transcrito, una cuestión es prejudicial cuando, entre dos procesos, de algún modo conexos, la resolución previa del objeto principal de un proceso pendiente es necesaria para resolver sobre el objeto litigioso del segundo proceso, no siendo posible la acumulación de autos. Por tanto, la Ley no califica la cuestión como prejudicialidad civil en cualquier caso sino que requiere que su resolución previa sea necesaria para el segundo proceso. Esta "necesidad" se traduce, de acuerdo con la jurisprudencia expuesta en que lo que se resuelva en un procedimiento vincule y determine la decisión de otro o prejuzgue e interfiera en el posterior, de modo que lo que en uno de ellos se decida resulte antecedente lógico de la decisión del otro.
Por consiguiente, será imprescindible la concurrencia de los siguientes requisitos para que juegue la necesidad de la previa resolución del proceso pendiente, sin que baste el hecho de que entre ambos exista una cierta conexión, objetiva o subjetiva: 1º) Que exista un proceso distinto a aquél en el que se suscita la prejudicialidad civil del primero. 2º) Que las decisiones a adoptar en dicho proceso previo vinculen y determinen las que a su vez hayan de tomarse en el segundo (interdependencia en su resolución), de modo que el primer proceso se encuentre en relación de medio a fin respecto del segundo. 3º) Que exista una identidad o coincidencia sustancial entre los objetos procesales respectivos de modo que el proceso anterior interfiera o prejuzgue al segundo, con riesgo de dividir la continencia de la causa y de pronunciarse sentencias contradictorias. 4ª) Que no quepa la acumulación.
La aplicación de la doctrina expuesta al caso de autos lleva a este tribunal a discrepar de la conclusión alcanzada por el juzgador a quo, y ello por cuanto no consta que la demanda de procedimiento ordinario presentada por el Sr. Simón haya sido admitida ni al tiempo de solicitarse la suspensión ni al tiempo de acordarse ésta, por lo que no constando que exista un pleito "pendiente" no cabía decretar la suspensión; cierto es que, conforme dispone el art. 410 LEC , la litispendencia, con todos sus efectos procesales, se produce desde la interposición de la demanda, pero sólo, como indica el propio precepto, si después es admitida , y aquí no consta que haya sido así: no consta la pendencia del procedimiento respecto del que pudiera apreciarse la prejudicialidad civil.
Ello bastaría para estimar el recurso pero a mayor abundamiento cabe señalar: (a) De acuerdo con lo dispuesto en el art. 413.1 LEC , los pleitos habrán de resolverse según el estado de cosas existente al tiempo de presentarse la demanda, y no se tendrán en cuenta en la sentencia las innovaciones que, después de iniciado el juicio, introduzcan las partes o terceros en el estado de las cosas o de las personas que hubiere dado origen a la demanda; en el caso que nos ocupa la demanda de desahucio fue presentada en 12.1.2017, y el hecho del que nace el derecho legal de adquisición preferente que se ejercita con la demanda interpuesta por el Sr. Simón tuvo lugar el día 9.2.2017 (comunicación fehaciente instando a ejercitar el derecho de tanteo si lo estima procedente), esto es, con posterioridad a la demanda. (b) Y es más, aun prescindiendo de ello, el procedimiento ordinario no tiene influencia inmediata ni constituye un antecedente necesario ni imprescindible para entrar a juzgar en el actual, ni puede dar lugar a sentencias contradictorias ni incompatibles ni en cuanto a sus pronunciamientos ni en cuanto a su ejecución. Así, de un lado, el procedimiento ordinario tiene por objeto valorar si el inquilino ejercitó en forma su derecho de tanteo, estando en tal caso facultado para adquirir el derecho de propiedad, al que podrá en todo caso acceder al margen de lo que se resuelva en el juicio de desahucio, y aun cuando se declare resuelto el contrato de arrendamiento y se proceda al desalojo; de otro lado, la acción de resolución del contrato de arrendamiento se limita a valorar la ineficacia sobrevenida del vínculo contractual, como consecuencia de un incumplimiento esencial (falta de pago de la renta), y caso de prosperar, con el subsiguiente desalojo, esa eventual pérdida de posesión sería independiente y ajena al ius possidendi que correspondiera al arrendatario en virtud del derecho de propiedad dimanante del tanteo, de manera que éste podrá mantener o recuperar la posesión que, en su caso, le corresponda como propietarios, aunque la pierdan como arrendatario. De igual manera, tampoco incide de manera directa en la reclamación de rentas, pues no se discute que las rentas reclamadas con la demanda (líquidas, vencidas y exigibles) están adeudadas, y, respecto a las rentas futuras, no hay incidencia en este procedimiento, sino en su caso en el de ejecución en el que habrá de procederse a su liquidación.
En definitiva, y por todo cuanto antecede, el recurso ha de prosperar, debiendo dejarse sin efecto la suspensión acordada

TERCERO.- La estimación del recurso de apelación comporta que no se efectúe una especial declaración acerca de las costas de esta segunda instancia ( art. 398.2 LEC ).
Por otra parte, estimado el recurso y conforme a lo dispuesto en el ap. 8º de la D.A. 15ª de la LOPJ , ha de procederse a la devolución al apelante de la totalidad del depósito para recurrir constituido.

FALLO:

ESTIMANDO el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de BANKIA SA contra el auto de fecha 11 de enero de 2017 dictado en el juicio verbal de desahucio núm. 159/17 del Juzgado de 1ª Instancia núm. 1 de Sabadell, SE REVOCA citada resolución y, desestimando la prejudicialidad civil invocada, se acuerda alzar la suspensión acordada, debiendo proseguir su curso las actuaciones.
No se efectúa un especial pronunciamiento en relación a las costas de la segunda instancia.
Devuélvase a la apelante el depósito constituido para recurrir.
Contra la presente resolución no cabe recurso.
Y firme que sea esta resolución, devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia, con copia de la misma para su cumplimiento.
Así por este nuestro auto que se unirá al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
Lo acordamos y firmamos.
Los Magistrados :